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La democracia en treinta píldoras. Miguel Carbonell. IIJ-UNAM. Giovanni Sartori ha dedicado muchas horas de su vida al estudio de la democracia, de los partidos políticos, del método en las ciencias sociales, de la opinión pública y del pluralismo. En un libro reciente nos ofrece una síntesis bastante apretada de los principales temas alrededor del debate democrático contemporáneo, que engloba a todos los que se han mencionado [1] . Se trata, en realidad, de la transcripción de los guiones utilizados por Sartori para breves comentarios televisivos que la televisión pública italiana le pidió a fin de transmitirlos en horario de máxima audiencia, con una duración máxima de cuatro minutos por comentario. La edición de los textos corrió a cargo de Lorenza Foschini, la productora de los programas, quien en la introducción del libro que estamos comentando apunta que es posible elevar el nivel de la programación televisiva sin por ello tener que caer en programas inútilmente doctos y aburridos. Es algo que deberían advertir los encargados de los sistemas televisivos mexicanos, que más bien parecen sostener la tesis contraria: se puede siempre bajar el nivel de los programas, sin tomar en cuenta si son o no aburridos (ya no digamos formativos). Sartori comienza sus “píldoras democráticas” haciendo referencia a cuestiones conceptuales. Nos recuerda que la democracia es el gobierno del pueblo, pero se pregunta ¿quién es el pueblo? Puede parecer una pregunta obvia, o incluso retórica, pero me parece que tiene tanto un interés histórico como un interés estrictamente actual. Históricamente lo que entendemos por pueblo para efecto de la participación democrática no ha sido lo mismo que lo que entendemos hoy en día. La exclusión durante siglos de las mujeres, los pobres o las personas de color fue la regla y no la excepción. Hoy en día todavía mantenemos inaceptables exclusiones para los inmigrantes, los cuales reciben –en el mejor de los casos- un trato como personas de segunda clase, pero que incluso llegan a ser considerados como “no personas” en muchos sitios, para vergüenza de nuestras sociedades tan supuestamente liberales y abiertas. Basta mirar a la Constituciónmexicana, que en ninguna de sus más de 600 modificaciones ha podido sacudirse el tufo xenofóbico de muchos de sus artículos [2] . Y si la discriminación comienza por el texto de la Carta Magna ya podrá imaginar el lector el estado en el que se encuentra el resto del ordenamiento jurídico. Sartori nos habla también del realismo y el idealismo como formas de acercarse a la comprensión de lo que es la democracia. La tradición realista, nos recuerda, se remonta a Nicolás Maquiavelo, el príncipe de los realistas. La tradición idealista cobra fuerza mucho después y alcanza su máximo esplendor con el pensamiento de Carlos Marx, que se atreve a proponer la última utopía: la desaparición del Estado. Desde luego, no es que fuera una utopía democrática, pero hay que aceptar que las consecuencias de su idealismo fueron inconmensurables. Sartori, pese a su tendencia fuertemente realista, reconoce que los ideales son importantes para cualquier régimen democrático. Los ideales democráticos se expresan en valores importantes, que nos hacen cuestionar el estado actual de nuestros sistemas políticos y que sirven como motor para su mejoramiento. Los ideales democráticos se concretan en valores como la libertad, la igualdad, la tolerancia, el respeto por el pluralismo, los derechos humanos en general, la dignidad de las minorías, etcétera. Sartori se detiene en el tema de la opinión pública, a la que califica como la base sobre la que se sostiene todo el edificio democrático. Las elecciones deben ser libres en una democracia, apunta nuestro autor, pero también debe ser libre la conformación de las opiniones. El problema es que esa libertad exige una cierta dosis de compromiso por parte de la ciudadanía. Y es probable que en muchas sociedades ese compromiso simplemente no exista. Sartori se muestra pesimista (en esta y en otras partes de su libro) sobre la calidad de la ciudadanía. No le ahorra críticas al ciudadano que ni entiende ni quiere entender nada de la democracia, que no se preocupa por las elecciones y los partidos, que ni siquiera participa a través de su voto. Quizá no se trate de ideas políticamente correctas, pero seguramente Sartori tiene buena parte de razón. Diversos estudios empíricos constatan una permanente disminución del compromiso cívico en general y del compromiso con las actitudes y valores democráticos en particular. En efecto, en el mundo del siglo XXI se ha producido un tránsito cuando menos paradójico en los escenarios de la participación política: cuanto más se han ensanchado esos escenarios (a través de la universalización del sufragio activo), tanto más se han multiplicado las actitudes displicentes o claramente abstencionistas por parte de los votantes. La participación política no está muy bien considerada: quien milita en un partido o en un sindicato es visto con sospecha por sus amigos y vecinos. No solamente la militancia, sino las instituciones mismas que caracterizan a la participación política han sido puestas en cuestión. El caso de Estados Unidos es muy sintomático: a partir de la década de 1960, se ha producido un constante aumento de la abstención electoral, tanto en las elecciones federales como en las locales. Menos del 50% de los posibles votantes decidieron en 1996 acudir a las urnas para votar por Bill Clinton, Ross Perot o Robert Dole [3] . En México la participación electoral no suele rebasar el 50% de los inscritos en el padrón, sobre todo tratándose de elecciones locales. Los estudios sociológicos demuestran además que las personas que se suelen abstener de votar en las elecciones también tienen menor predisposición a cooperar con los demás en temas distintos de los electorales. Robert Putnam apunta lo siguiente: “Frente al sector demográficamente equiparable a los no votantes, los votantes tienden más a interesarse por la política, hacer donativos de caridad, practicar el voluntariado, formar parte de los jurados, asistir a las reuniones del consejo escolar, participar en manifestaciones públicas y cooperar con sus conciudadanos o en asuntos comunitarios” [4] . No se trata, por tanto, de que la abstención afecte solamente a la tasa de votantes, sino que se proyecta en múltiples manifestaciones de la vida comunitaria. Pero los problemas de la “esfera pública” a los que se refiere Sartori no se agotan en el tema de los instrumentos de la representación política, sino que incluyen todas las formas de “activismo cívico” y de colaboración con extraños. En los países en los que se han realizado los estudios pertinentes para medir la participación asociativa de las personas, se ha constatado una disminución no solamente importante, sino constante a partir de la Segunda Guerra Mundial. Todo parece indicar que las personas prefieren privilegiar la experiencia privada, los quehaceres familiares y lúdicos, antes que el intercambio de esfuerzos y experiencias con personas que no pertenecen al núcleo familiar. Son muchas las causas de este “retorno a la privacidad”, pero una de ellas –identificada en otros países- sin duda que existe y se manifiesta en México: la menor confianza hacia los demás. En Estados Unidos Robert Putnam ha documentado que, para el año 1996, solamente el 8% de los encuestados decía que la honradez y la integridad de sus compatriotas estaban mejorando, contra un 50% que pensaba que se estaban convirtiendo en personas menos dignas de confianza [5] . ¿Cómo podemos participar en iniciativas comunitarias, en asociaciones cívicas, si no confiamos en los demás? ¿cómo no vamos a preferir recluirnos en la esfera privada si vemos en nuestros vecinos a potenciales agresores contra nuestros derechos? Veamos más datos e imaginemos qué resultados obtendríamos si los intentáramos aplicar a países de América Latina. En Estados Unidos el interés por lo político disminuyó en un 20% entre 1975 y 1999 [6] . El número de lectores de diarios entre la gente de menos de 35 años cayó de dos tercios en 1965 a un tercio en 1990 (y la proporción seguramente ha disminuido desde entonces, como efecto del internet, los chats y los blogs) y en ese grupo de edad solamente el 41% de los encuestados afirma ver noticieros televisivos [7] . Las personas que aspiran a un cargo público en los distintos niveles del gobierno norteamericano se redujeron en un 15% en los últimos veinte años, de modo que los ciudadanos de ese país han perdido la posibilidad de elegir a 250,000 personas como sus representantes [8] . Entre 1973 y 1994 el número de norteamericanos que asistieron a una asamblea pública sobre asuntos municipales disminuyó en un 40% [9] . En ese mismo periodo de 20 años el número de miembros de “algún club interesado en mejorar la administración” se redujo en un 33% [10] . Para un país del tamaño y de la importancia de los Estados Unidos estas cifras son apabullantes. Putnam lo sintetiza con un dato impresionante: cada punto porcentual de los aspectos que se han citado supone anualmente dos millones de ciudadanos menos que participan y están comprometidos con algún aspecto de la vida comunitaria, de tal suerte que se tienen 16 millones menos de personas participando en asambleas públicas sobre asuntos locales, 8 millones menos de personas participando en comités cívicos y organizaciones de base, así como 3 millones de personas menos trabajando en asociaciones para mejorar la administración [11] . Una enorme sangría cívica, sin duda. Pero hay una cifra, de entre las muchas que cita Putnam, que es muy reveladora: mientras que la participación como votantes y como miembros de los partidos políticos ha disminuido, ha aumentado de modo significativo el dinero recaudado y gastado en las campañas políticas. En 1964 se gastaron en las campañas electorales 35 millones de dólares, pero esa cifra alcanzó los 600 millones de dólares para 1996 y seguramente ha seguido subiendo desde entonces. ¿Porqué se deja de participar personalmente en los partidos y sin embargo se les da más dinero? La hipótesis de Putnam es que se sustituye el tiempo por el dinero. Putnam lo explica con las siguientes palabras: “A medida que el dinero sustituye al tiempo, la participación en política se basa cada vez más en el talonario de cheques. La afiliación a clubes políticos se redujo a la mitad entre 1967 y 1987, mientras que la proporción de público que contribuyó económicamente a una campaña política llegó casi a doblarse” [12] . Y un dato final que nos debería poner a pensar: la disminución más drástica en la participación cívica se produjo entre las personas con mayor formación académica [13] . Esto puede resultar sorprendente, pues podría razonablemente suponerse que a mayor formación académica mayor disposición a integrarse en asuntos públicos y a asumir un punto de vista protagónico y no el de un mero espectador. Los datos, sin embargo, demuestran lo contrario y nos permiten aventurar la hipótesis de que hace falta algo más que formación académica. El haber pasado por un aula universitaria no garantiza en modo alguno ciertos niveles de compromiso cívico. De forma casi proporcional, la disminución de la participación política y del compromiso cívico se ha correspondido con un aumento del papel de consumidores de las personas. Las “necesidades” de consumo se han multiplicado hasta el infinito y hoy en día abarcan no solamente una parte muy significativa del presupuesto individual y familiar, sino también nuestro tiempo y nuestros ideales de vida. Lipovetsky apunta que la fiebre del confort desatada por el consumismo “ha sustituido a las pasiones nacionalistas y las diversiones a la revolución” [14] . La oferta de productos a nuestro alcance se ha multiplicado hasta el infinito. Los responsables del marketing han sabido crear un escenario en el que todos somos consumidores y en el que lo ideal es que lo seamos durante la mayor parte de nuestro tiempo. Cada grupo de edad y cada experiencia vital pueden ser reconducidos hasta la lógica consumista y encontrar una necesidad por satisfacer, de forma continúa. El consumismo ha dejado de ser una fuente de satisfacción de necesidades vitales para pasar a formar parte de nuestra identidad psicológica y de nuestro estilo de vida. Es imposible reflexionar sobre la democracia de nuestros días sin tomar en cuenta los datos que se acaban de apuntar y con los que Sartori seguramente coincidiría. Hablamos de democracia teniendo en mente a una ciudadanía informada, participativa, preocupada por los problemas comunes de la polis y dispuesta a aportar su parte de sacrificio y colaboración para solucionarlos. Lo cierto es que esa ciudadanía hoy en día no existe. Ahora bien, Sartori nos advierte que los problemas sin duda importantes que afectan el funcionamiento cotidiano de las democracias no se deben utilizar como pretexto para hacer una crítica a la idea misma de democracia. Sartori apunta que el peligro más fuerte al que se enfrentan hoy en día las democracias proviene de su interior y consiste en confundir la crítica al funcionamiento democrático con la crítica al sistema democrático como tal. En este sentido, apunta el autor, habrá que moderar las apelaciones a lo que puede ser la “verdadera democracia” oponiéndola a la democracia que tenemos, pues de esa manera se mina el funcionamiento y las posibilidades de consolidación democrática, pavimentando la ruta hacia regresiones autoritarias. Sartori nos exige, por tanto, un balance en las críticas contra las democracias existentes y una distinción entre la crítica a su funcionamiento y la crítica de su fundamento y de su valor. Tiene razón, si bien es cierto que alcanzar ese equilibrio en escenarios de democracias tan mediocres como algunas de América Latina no parece una tarea fácil. Sartori emprende en su libro una consistente defensa de la idea del pluralismo. Las dictaduras y los sistemas autoritarios, indica, son monocolores. Las democracias son plurales, multicolores. El pluralismo como valor nos exige poner en el centro del debate democrático la noción de tolerancia y nos obliga a mantener separados a la iglesia y el Estado. No puede haber pluralismo ni tolerancia cuando se acepta que la cosa pública esté gobernada por verdades reveladas, cuya interpretación corre a cargo de las cúpulas religiosas. La religión debe tener su lugar y su respeto en toda democracia, pero no puede ser un instrumento para gobernar [15] . Sartori critica en su libro las posturas irreductiblemente ideológicas, desacreditando a quien se esconde tras una ideología para evitar pensar, confrontar ideas, formarse opiniones propias de manera libre. Y critica también al pensamiento políticamente correcto, que empobrece y reduce el debate democrático. Lamentablemente, parece que lo políticamente correcto se ha convertido en la línea de acción y de pensamiento de la política de nuestros días, y también de la teoría democrática que se hace en muchos países. Sartori se refiere también a los conceptos de izquierda y derecha y vuelve a una tesis que había anunciado luego de la caída del Muro de Berlín, cuando le preguntaron ¿qué es la izquierda? La izquierda, dice Sartori, es la ética y el rechazo de la injusticia [16] . La izquierda son los valores de todos, frente al egoísmo que caracteriza a la derecha. Tiene razón Sartori, aunque en el mundo contemporáneo habrá que preguntarse qué es lo justo[17] . Si observamos muchos debates en nuestros días veremos que hay profundos desacuerdos en temas básicos: los alcances de la libertad de expresión, los derechos de las personas homosexuales, las políticas de acción afirmativa, el ejercicio de la libertad de la mujer sobre su propio cuerpo y el tema del aborto, la disposición de la propia vida a través de la eutanasia, los alcances de la clonación, la forma de combatir el cambio climático y de relacionarnos con la naturaleza, etcétera [18] . Lo que parece justo a unos es calificado como el peor de los mundos por otros. Hay quien señala que la definición de justicia no puede hacerse de forma teórica, ofreciendo un concepto o una construcción en forma de máximas o principios, sino que se debe atender a la “experiencia de la injusticia” para darnos cuesta de lo que debemos evitar y de lo que debemos promover [19] . Al respecto Gustavo Zagrebelsky advierte que “toda la historia de la humanidad es la de la lucha por afirmar concepciones diferentes e, incluso, antitéticas de la justicia; ‘verdaderas’ sólo para aquellos que las profesan…. Detrás de la apelación a los valores más elevados y universales es fácil que se oculte la más despiadada lucha política, el más material de los intereses… La historia enseña que, precisamente, los grandes proyectos de justicia son los que han dado lugar a las mayores discriminaciones, persecuciones, masacres y mistificaciones, haciendo aparecer a los oprimidos como opresores y viceversa” [20] . Hay algunas afirmaciones en el libro que Sartori que resultan desconcertantes y que, al menos en el caso de una de ellas, probablemente sean falsas. Me refiero a la idea que sostiene, cuando estudia la relación entre democracia y crecimiento económico, al afirmar que la democracia puede generar un empobrecimiento económico de los países y pone como ejemplo a América Latina. Dicha afirmación, como digo, no tiene base empírica. Por el contrario, América Latina nunca había visto tanta riqueza como la que se ha generado a partir de las transiciones democráticas de los años 80 del siglo pasado. Otra cosa es que esa riqueza esté mal distribuida (que lo está, sin duda), pero afirmar que la región es más pobre desde entonces no es verdad. Las libertades democráticas han traído a América Latina mayor prosperidad y mayor crecimiento económico, sin que esto signifique que las crisis económicas recurrentes no hayan afectado el poder adquisitivo de millones de personas. Esa afectación desde luego existe, pero el conjunto de las economías de América Latina nunca había tenido desempeños tan buenos como los que se observan en los últimos 30 años [21] . Simplemente en México, el PIB per capita llegó a situarse en el 2007 levemente por debajo de los 10,000 dólares, algo impensable unos cuantos años antes. También resultan polémicas las afirmaciones de Sartori sobre el multiculturalismo y sobre la senda suicida del crecimiento demográfico. El multiculturalismo es pintado por Sartori como incompatible con la democracia, por oponerse al pluralismo. El exceso de población nos conduce hacia el agotamiento de los recursos naturales y hacia una crisis ecológica de enormes dimensiones, nos dice [22] . Ambas afirmaciones son, cuando menos, discutibles. Para empezar, habría que pedirle a Sartori que sea más claro al explicar lo que entiende por multiculturalismo. Esa explicación no aparece ni en el libro que estamos comentando ni en el que el propio autor le dedicó al tema hace unos años[23] . Respecto del potencial de daño ecológico que comporta el crecimiento demográfico, desde luego que es imposible negarlo, pero algunos científicos han señalado que la tierra pueden perfectamente acomodar una población de más de 12 mil millones de personas (poco menos que el doble de la población actual) sin caer en un cataclisma que ponga en riesgo la supervivencia de la especie humana. Es decir, hay que escuchar la advertencia de Sartori, pero dejando a un lado su tono apocalíptico. Como quiera que sea, siempre resulta interesante, útil y formativo recorrer los libros de Sartori, que es un autor con el que se puede o no estar de acuerdo, pero al que no se puede dejar de lado. Tanto sus iniciales obras de mayor calado teórico como sus recientes “panfletos” (la denominación es utilizada por el propio autor), en los que se interna en temas candentes de las sociedades del siglo XXI, son referentes obligatorios para el debate democrático y para comprender las posibilidades que tenemos frente a un futuro inevitablemente incierto y plagado de peligros. [1] Sartori, Giovanni, La democrazia in trenta lezioni, Mondadori, Milán, 2008, IX-110 páginas (traducción al castellano, Taurus, Madrid, 2009). [2] Carbonell, Miguel, “La xenofobia constitucionalizada”, Revista de la Facultad de Derecho de México, número 246, México, julio-diciembre de 2006, pp. 189-204. [3] Putnam, Robert D., Solo en la bolera. Colapso y resurgimiento de la comunidad norteamericana, Madrid, Galaxia Gutemberg/Círculo de lectores, 2002, p. 34. Habrá que ver si el fenómeno de movilización que se produjo en la campaña y en la toma de posesión del Presidente Barack Obama se sostiene a largo plazo y es capaz de modificar el patrón de conducta que acabamos de apuntar. [4] Putnam, Robert D., Solo en la bolera. Colapso y resurgimiento de la comunidad norteamericana, cit., p. 38. [5] Putnam, Robert D., Solo en la bolera. Colapso y resurgimiento de la comunidad norteamericana, cit., p. 24. [6] Putnam, Robert D., Solo en la bolera. Colapso y resurgimiento de la comunidad norteamericana, cit., 40. [7] Putnam, Robert D., Solo en la bolera. Colapso y resurgimiento de la comunidad norteamericana, cit., p. 41. [8] Putnam, Robert D., Solo en la bolera. Colapso y resurgimiento de la comunidad norteamericana, cit., p. 48. [9] Putnam, Robert D., Solo en la bolera. Colapso y resurgimiento de la comunidad norteamericana, cit., p. 49. [10] Putnam, Robert D., Solo en la bolera. Colapso y resurgimiento de la comunidad norteamericana, cit., p. 50. [11] Putnam, Robert D., Solo en la bolera. Colapso y resurgimiento de la comunidad norteamericana, cit., p. 50. [12] Putnam, Robert D., Solo en la bolera. Colapso y resurgimiento de la comunidad norteamericana, cit., p. 46. [13] Putnam, Robert D., Solo en la bolera. Colapso y resurgimiento de la comunidad norteamericana, cit., pp. 54-55. [14] Lipovetsky, Gilles, La felicidad paradójica. Ensayo sobre la sociedad de hiperconsumo, Barcelona, Anagrama, 2007, p. 7. [15] Ver, al respecto, el interesante argumento de Rodotá, Stefano, Perché laico, Roma, Laterza, 2009. [16] Sartori, Giovanni, “¿La izquierda? Es la ética” en Bosetti, Giancarlo (compilador), Izquierda punto cero Barcelona, Paidós, 1996, pp. 99 y siguientes. [18] Gustavo Zagrebelsky completa este listado con los siguientes temas: “la pena de muerte, la edad o el estado psíquico de los condenados, las modalidades incluso temporales de las ejecuciones; los derechos de los homosexuales; las ‘acciones afirmativas’ a favor de la participación política de las mujeres o contra discriminaciones raciales históricas, por ejemplo en el acceso al trabajo y a la educación; la limitación de los derechos por motivos de seguridad nacional; la regulación del aborto y, en general, los problemas suscitados por las aplicaciones técnicas de las ciencias biológicas a numerosos aspectos de la existencia humana; la libertad de conciencia respecto a las religiones dominantes y a las políticas públicas en las relaciones entre escuelas y confesiones religiosas; los derechos de los individuos dentro de las relaciones familiares y así por el estilo”, Zagrebelsky, Gustavo, “Jueces constitucionales” en Carbonell, Miguel (editor), Teoría del neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos, Madrid, Trotta, 2007, p. 93. [20] Zagrebelsky, Gustavo, “La justicia como ‘sentimiento de injusticia’”, traducción de Roberto Pérez Gallego, Jueces para la democracia, número 53, Madrid, julio de 2005, p. 3. [22] La tesis es ampliamente desarrollada en Sartori, Giovanni y Mazzoleni, Gianni, La tierra explota, Madrid, Taurus, 2003. [23] Sartori, Giovanni, La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros, Madrid, Taurus, 2001. derechos de autor: http://www.miguelcarbonell.com/articulos/La_democracia_en_treinta_p_ldoras.shtml |
jueves, 11 de noviembre de 2010
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| Gustavo Zagrebelsky, juez constitucional . por: Miguel Carbonell. IIJ-UNAM. No es frecuente que, fuera del ámbito del derecho anglosajón, los más altos funcionarios judiciales escriban sobre su experiencia práctica en la impartición de justicia. En Estados Unidos la biografía judicial (o la autobiografía) es casi un género literario por sí mismo. Son muy conocidas las biografías de los jueces más renombrados de su historia, como John Marshall, Oliver Wendell Holmes, Hugo Black, William O. Douglas, Earl Warren, Felix Frankfurter, William Brennan, Harry Blackmun o Sandra Day O’Connor. No existe nada parecido a eso en el derecho de los países latinos. No lo hay en Italia, ni en Francia, Alemania, España o en América Latina. Por eso debe saludarse el hecho de que Gustavo Zagrebelsky, el eminente juez de la Corte Constitucional italiana y uno de los teóricos más influyentes del movimiento neoconstitucionalista, haya publicado un pequeño libro de reflexiones a partir de su desempeño en la judicatura [1] . No se trata de una autobiografía, sino de la exposición de sus percepciones sobre el papel del juez y el lugar de las cortes constitucionales dentro de los sistemas democráticos. El libro tiene por objeto, en palabras del autor, ofrecer a los lectores “el recuerdo de una experiencia que he tenido la fortuna de vivir junto a los colegas con los que he compartido el trabajo y la fatiga, las jornadas y las tensiones de nueve años”. Llama la atención Zagrebelsky sobre un hecho que acontece no solamente en Italia, sino en casi todos los países de la tradición romano-germánica: pese a la importante posición institucional que tiene la Corte Constitucional en Italia, es una de las instituciones menos conocidas por los ciudadanos. Lo mismo sucede en México con nuestra Corte Suprema, cuyos integrantes son desconocidos para gran parte de la opinión pública nacional, pese a que todos los días toman decisiones vitales sobre nuestros derechos fundamentales o sobre la configuración presente y futura de la democracia mexicana. También apunta nuestro autor la aparente paradoja de que la función de la Corte es política, pero no pertenece a la política; tiene mucho que ver con la democracia, pero no deriva de ella. Esto en parte es así debido a que la Corte tiene por misión fundamental aplicar la Constitución, que es una norma que contiene todo aquello que no está sujeto a votación alguna. O mejor dicho, la Constitución contiene todo sobre lo que ya no se vota, porque “ha sido votado de una vez por todas en su origen”. La Constitución se sitúa (debe situarse) por encima de la batalla política cotidiana. No puede ser convertida en rehén de ningún partido político y de ningún programa de gobierno. La Constitución configura y supone un patrimonio cultural que debe ser compartido por todos. Zagrebelsky apunta que la principal función de un texto constitucional es “fijar los presupuestos de la convivencia, es decir, los principios sustanciales de la vida común y las reglas del ejercicio del poder público aceptados por todos, situados por ello fuera, incluso por encima, de la batalla política… La Constitución fijar en primer lugar el pactum societatis, con el cual se acuerdan las condiciones de la convivencia, en ese recíproco respeto que protege del conflicto extremo, es decir, de la guerra civil”. En el ejercicio de la función jurisdiccional que tiene por objeto el control de constitucionalidad de las leyes y demás actos de los poderes públicos se da una paradoja adicional que es discutida por Zagrebelsky en su libro. La Constitución contiene aquello sobre lo que no se vota, pero los jueces la interpretan y la aplican votando a su vez. ¿Se trata de una contradicción?, se pregunta el autor. Y eso da pie para que nos explique una de las varias cuestiones llamativas o curiosas del funcionamiento de la Corte Constitucional italiana. Los trabajos de sus magistrados son secretos, en el sentido de que no hay audiencias públicas y de que las deliberaciones son a puerta cerrada. Además, a diferencia de la casi totalidad de cortes constitucionales del mundo, no existe la figura de los votos particulares. Todas las decisiones se toman por el cuerpo colegiado como tal, sin que exista la posibilidad de que un magistrado exprese razones concurrentes o disidentes sobre el sentido del fallo. Zagrebelsky justifica esta peculiaridad aduciendo que de esa forma se proyecta hacia fuera un fuerte sentido de unidad del tribunal. Además, de esa manera se protege la colegialidad de los trabajos de los magistrados al interior de la Corte, ya que saben que no tienen cada uno de ellos voz propia, sino que deben necesariamente hablar como tribunal: “mientras que en otros países los jueces constitucionales están dotados de personalidad propia e individualidad institucional, en Italia los jueces constitucionales –a los que se reconoce la más plena subjetividad dentro del colegio- no son nada fuera del Tribunal. Sólo existen como parte del Tribunal… El carácter colegial y unitario del Tribunal asume un particular significado por la ausencia de votos particulares… La razón más profunda hay que buscarla en la exigencia de unidad: uno de los tantos valores de la colegialidad”. Un observador externo, al leer esta justificación, no puede dejar de preguntarse si un tribunal constitucional gana o pierde al no permitirles a sus integrantes expresar desacuerdos o líneas de justificación distintas a las que ofrece la mayoría. La historia nos ofrece abundantes ejemplos en los que se acredita la certera caracterización de Peter Häberle, según la cual los votos disidentes son la jurisprudencia constitucional (alternativa) del futuro. ¿Qué destino le habría esperado a la libertad de expresión sin los atinados votos particulares de Oliver Wendell Holmes en los primeros años del siglo pasado? ¿qué habría sido de la Corte de los Estados Unidos sin la disidencia liberal de John Paul Stevens o de William Brennan en la sofocante atmósfera conservadora de las Cortes presididas por Rehnquist y Roberts? [2] ¿qué papel habría jugado el Tribunal Constitucional español sin la permanente llamada al orden que supusieron, en sus primeros años de existencia, los cientos de votos particulares, magistrales todos, de Francisco Rubio Llorente? [3] ¿cómo podríamos entender hoy en día el papel de la Suprema Corte de México sin tener acceso y registro de los votos disidentes, que también deben sumar centenares ya, del ministro José Ramón Cossío, que en tantos temas ha sido un adelantado al criterio de sus colegas? [4] Puede ser que el esquema de hablar con una sola voz haya funcionado en Italia, pero seguramente no se trata de un ejemplo a seguir. Nos advierte también Zagrebelsky sobre la permanente tentación que tienen algunos jueces constitucionales para abandonar “subrepticiamente” ciertos precedentes, sin poner de manifiesto que lo están haciendo y sin ofrecer argumentos que justifiquen el nuevo criterio. Reconoce el autor que “Las contradicciones jurisprudenciales no favorecen la reputación del Tribunal”, pero también señala que la autoridad del propio Tribunal se ve fortalecida cuando un cambio de criterio se adopta expresamente, sin intentar enmascararlo a través “de un uso no objetivo de los precedentes, como si se avergonzase de lo que hace”. Esta advertencia es muy importante, ya que conocemos ejemplos en muchos países de verdaderos revirements jurisprudenciales que no se asumen como tales. Algunos jueces deciden abandonar el pasado sin enfrentársele directamente. Quieren crear nueva jurisprudencia metiendo los criterios renovados por la puerta de atrás de las sentencias. Tenemos ejemplos recientes de esta actitud poco ética en Estados Unidos [5] y en México. Hay que ser claros en este punto: desde luego que un juez puede cambiar de opinión, incluso un juez del más alto tribunal de un país, un juez que trabaja sobre temas de enorme importancia y cuyas decisiones deben ser calibradas y pensadas hasta el más mínimo detalle. Pero si va a llevar a cabo ese cambio de criterio, debe hacerlo de forma expresa: primero reconociendo que está abandonando un precedente y luego ofreciendo razones que justifiquen, que den fundamento a la nueva interpretación. Zagrebelsky destaca también en su libro la necesidad de que los jueces constitucionales sean independientes de sí mismos. Se trata de un tema poco explorado, pero sobre el que vale la pena detenerse. Nuestro autor nos recuerda que los jueces constitucionales son hombres y mujeres comunes y corrientes: “No hay nada que diferencie a los jueces del resto de los mortales”. Pero en el desempeño del cargo deben asumir una actitud que no tienen todas las demás personas: deben ser fieles a la Constitución, de tal suerte que el texto constitucional pase a formar parte de sus hábitos mentales y morales. Nos recuerda Zagrebelsky el caso de un famoso juez de la Corte estadounidense, Felix Frankfurter, quien fue el redactor de la sentencia del caso Gobitis, de acuerdo con la cual se permitía sancionar a los niños que no saludaran a la bandera por motivos religiosos. La decisión del caso Gobitis desató una ola de ataques contra miembros de los Testigos de Jehová y varios de sus lugares de reunión fueron quemados; en el rechazo a esa violencia y al sentido del fallo, la sociedad norteamericana tomó muy en cuenta la actitud de Hitler manipulando al pueblo alemán para que adorara a su bandera y a los símbolos nazis. La Corte cambió de criterio poco tiempo después, en la sentencia del caso Barnette, redactada por el más elocuente juez en toda la historia de la Corte, Robert H. Jackson, quien escribió pasajes verdaderamente memorables en su resolución[6]. Frankfurter escribió entonces un poderoso voto disidente en el que ponía de manifiesto su religión judía y el carácter de perseguidos históricos de sus miembros; sin embargo, aseguraba, sus propios sentimientos no podían ponerse por encima de sus deberes como juez constitucional. Frankfurter afirmó en su voto: “Nunca se insistirá bastante en esta idea: cuando se ejercen funciones jurisdiccionales, se deben dejar aparte las propias opiniones sobre las virtudes o los vicios de una determinada ley. La única cosa que debe tomarse en consideración es si el legislador pudo razonablemente dictar tal ley” [7] . Es un recordatorio que deberían leer muchos jueces constitucionales, todos los días. Lo que nos dice Frankfurter es que un juez constitucional no está en el cargo para expresar opiniones propias, ni para verter sus prejuicios ideológicos y religiosos en las sentencias que dicta, sino para aplicar la Constitución, que representa su único parámetro de legitimidad y su única fuente de regulación. Nada más que la Constitución puede inspirar sus actos y guiar sus criterios jurídicos. Zagrebelsky apunta también que la independencia frente a sí mismo debe ser observada cuando un juez cae en la tentación de hacer que sus posturas doctrinales, previamente expresadas en conferencias, artículos o libros, se vuelvan las posturas del tribunal. Es una advertencia que tiene sentido y que nos recuerda, como lo señala también el autor, que el origen profesional de los jueces (como jueces inferiores, catedráticos destacados, funcionarios públicos), no debe marcar su trayectoria jurisdiccional posterior. Todos los jueces superiores tienen un origen muy claro, pero “¿Se puede decir que están en el Tribunal para representar a las categorías profesionales de las que provienen? Ciertamente no”. Su tarea en el Tribunal ni siquiera consiste en representarse a sí mismos. Finalmente, Zagrebelsky cierra su ensayo recordando que los jueces constitucionales no deben estar atados a lo que les dicte la opinión pública. A lo mejor a veces, muchas veces incluso, deben tomar decisiones impopulares. No deben ceder frente a ningún tipo de presión, una vez que estén convencidos de que están aplicando correctamente el texto de la Constitución. Escribe Zagrebelsky: “Si cedieran a la tentación de recurrir al consenso popular, no sólo traicionarían completamente su función sino que se dejarían seducir por cantos de sirena que los conducirían al desastre”. Y nos recuerda una cita bíblica que justifica tal advertencia: “No seguirás a la mayoría para hacer el mal” (Éxodo, 23, 2). Los jueces constitucionales deben militar en el “partido de la Constitución”, el cual se ubica más allá de los partidos políticos. Su ánimo debe estar guiado solamente, todos los días y en todo momento, por la “voluntad de Constitución”, por un compromiso personal indeclinable de hacer valer en la realidad, frente a todo y frente a todos, lo que ordena la Constitución. En nuestros días existe un compromiso importante de observar la “obligación de alimentar el deseo de Constitución y de saciarnos”; una obligación que “alcanza a todos”, pero que se refiere “en primer lugar a los jueces constitucionales”. ¿Cómo hacerlo?, se pregunta Zagrebelsky: “a través de la jurisprudencia, una jurisprudencia que no se contemple a sí misma, que sepa hablar con claridad y en general, que no tema proclamar netamente los principios esenciales que la sostienen y argumentar su importancia en la vida civil, para convertirse así en fuerza viva de la historia y de la cultura constitucional”. Esa es la jurisprudencia que aspiramos a tener en México y en buena parte de América Latina. Lo complicado es tendremos que llegar a ella sin poder contar con la fortuna de tener jueces constitucionales como Gustavo Zagrebelsky. [1] Zagrebelsky, Gustavo, Principios y votos. El Tribunal Constitucional y la política, traducción de Manuel Martínez Neira, Madrid, Trotta, 2008, 109 pp. [2] Algunos de los más grandes y polémicos votos disidentes en la historia de la Corte estadounidense pueden encontrarse en Tushnet, Mark, I dissent. Great opposing opinions in ladmark Supreme Court cases , Beacon Press, Boston, 2008. [3] Ver Bravo Gala, Pedro, “Algunas consideraciones obvias acerca de la actividad jurisdiccional del profesor Rubio Llorente” en La democracia constitucional. Estudios en homenaje al Profesor Francisco Rubio Llorente, Madrid, CEPC, 2002, tomo II, páginas 1889 y siguientes. [5] Ronald Dworkin ha analizado y criticado esta actitud por algunos de los integrantes de la Corte Roberts en Estados Unidos; ver su libro The Supreme Court phalanx. The court’s new right-wing bloc , New York review books, Nueva York, 2008. [6] En esa sentencia Jackson puso frases como las siguientes: “ Quienes comienzan por eliminar por la fuerza la discrepancia terminan pronto por eliminar a los discrepantes. La unificación obligatoria del pensamiento y de la opinión sólo obtiene unanimidad en los cementerios… El poder público es el que debe ser controlado por la opinión de los ciudadanos, y no al contrario… Si hay alguna estrella inamovible en nuestra constelación constitucional es que ninguna autoridad pública, tenga la jerarquía que tenga, puede prescribir lo que sea ortodoxo en política, religión, nacionalismo u otros posibles ámbitos de la opinión de los ciudadanos, ni obligarles a manifestar su fe o creencia en dicha ortodoxia, ya sea de palabra o con gestos. No se nos alcanza ninguna circunstancia que pueda ser considerada una excepción a esta regla”. [7] Los pasajes más interesantes de la sentencia y del voto particular de Frankfurter puede verse enBeltrán de Felipe, Miguel y González García, Julio V., Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, Madrid, CEPC, BOE, 2005, páginas 255-262. derechos de autor: |
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