lunes, 25 de abril de 2016

Responsabilidad del Abogado

INDEBIDA REPRESENTACIÓN DEL TOGADO, UNA CONDUCTA NEGLIGENTE

*Diana Marcela Agudelo Zapata

Sumario. 1. Introducción;  2. Planteamiento jurídico; 3. Postura de Andrés Orión Álvarez; 4. Postura de Álvarez López; 5. Postura jurisprudencial; 6. Relación entre derechos e interés; 6.1. Planteamientos en la relación entre derechos e interés en el cumplimiento de las obligaciones; 7. A manera de algunas Conclusiones. 8.  Bibliografía
.

Abstract

El artículo señala la discusión que emerge de la indebida representación y su efecto de la responsabilidad civil del abogado en relación a su cliente (contrato).  Este paper o artículo intenta visualizar las derivaciones de la relación Derecho civil y disciplinario como áreas de aplicación de la sanción por el error en la representación o litigio y que afectan el interés  y la justificación de la acción.

Palabras claves: Responsabilidad civil del abogado, régimen disciplinario del abogado, error de representación, omisiones negligentes, contratos.

Keywords: Attorney’s civil responsibility, attorney’s disciplinary regulations, representation error, negligent omissions, power off attorney, contract.

1.    Introducción

Ciertamente el trabajo de promoción y defensa de los derechos que se entrega en representación, hacen parte de la labor constante y del gran compromiso al que está llamado a responder el jurista, y ésta responsabilidad se forma como objeto del mandato y como razón  importantes para que los derechos legales, constitucionales y humanos que orbitan en el análisis reflexivo del caso sea además un trabajo que demuestre el rigor académico del profesional que los representa. Es verdad como resaltaría  (Spector, 2001) que “Vivimos en una época de numerosas e intensas preocupaciones morales, y entre ellas sobresalen las concernientes a los derechos…La conciencia universal por los derechos de las personas despierta, crece y se consolida en unos cuatrocientos años, un período breve desde la perspectiva de la especie” o mejor desde las relaciones intersubjetivas del ser humano.

Son estas relaciones entre sujetos unidos por la representación judicial y o administrativa, las que hacen destacar la importancia de llevar a abordar el estudio del comportamiento del abogado como tópico en torno a los derechos que se discuten en una cuerda procesal de carácter público (instancia judicial o administrativa) o privado (relaciones entre iguales simples reclamaciones entre particulares. El objetivo del presente artículo consiste en presentar una aproximación a la conducta o actuar ético del abogado como parte del interés que debe de justificar en los negocios o actos jurídicos, este escrito acercara algunos autores y sus apreciaciones cuyo pensamiento es importante para la cultura jurídico-disciplinaria en nuestro país.

Esta aproximación tiene como meta dar cuenta de la estructura disciplinaria cuando no se realiza o ejecuta las obligaciones en las que están involucrados los derechos que se sustentan en un mandato (poder) en perspectiva de ser representados desde la reflexión de la teoría del interés justificante en la relación abogado-cliente, que permitan observar la dinámica de los derechos y los deberes, y su modo de relacionarse en el ámbito de las relaciones contractuales abogado cliente.

De cara a lo anterior es necesario poner como punto de inicio la idea o concepto de lo que es la debida representación y el efecto de su condición negligente partiendo de la tesis que este actuar está sustentado en la idea de un interés que justifica la relación contractual.  Este interés, al observar la acción del letrado genera los elementos que harán estudiar el interés individual o colectivo si así estuviere sustentado en el acto o negocio jurídico que vincula a las partes.

Es bueno decir, que lo anterior, resalta una tarea considerable y más amplia, es menester decir que en esta empresa o escrito, se pretende presentar algunas ideas de importancia y de trascendencia para el debate actual de los derechos y su análisis reflexivo por la indebida representación de los derechos.

La presente reflexión inicia con una acercamiento a la jurisprudencia colombiana “Sentencia C 1178 de 2001, Sentencia C-398 del 2000, Sentencia T-969 del 2009). Sentencia T-952 del 2006” revisión de lo que es el actuar del abogado y en ellas, se muestra un “ejemplo de idoneidad, eficiencia y moralidad en el desempeño de sus actividades y estar comprometidos en los ideales y el valor de la justicia”. Así mismo, los planteamientos de Andrés Orión Álvarez, Hinestrosa, Álvarez López y posteriormente se revisará la relación entre derecho e interés, también desde la perspectiva de la ley  a fin de dar cuenta la forma somera no solo del concepto sino también de su relación con el contrato de mandato y /o representación  en el interés individual y colectivo. Finalmente presentamos algunas brevísimas conclusiones que pretenden señalar algunos puntos interesantes para un análisis de mayor profundidad.


2.    Planteamiento jurídico.


En el ordenamiento colombiano, el jurista, está llamado a indagar, estudiar y a mantener presente en todo momento el Estatuto del ejercicio de la abogacía reglado mediante Decreto Nacional o  Decreto Ley 196 de 1971, que concreto el accionar del abogado en una normativa propia después de la influencia de las leyes españolas, francesas, alemanas e italianas. El actuar del abogado en adelante jurista, se sustenta en un principio o mejor en una regla general de lealtad Eduardo Couture presento indicando que todo jurista ha de ser “. Leal con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú le dices; y que, en cuanto al derecho, alguna que otra vez, debe confiar en el que tú le invocas. Intenta ser leal con todo el mundo y todo el mundo intentará ser leal contigo” es una regla a la que es llamado todo profesional del derecho (, decálogo del abogado).

Luego después de más de treinta años de aplicar el Decreto Ley 196 de 1971, nace una nueva normatividad y arrojó el Código único Disciplinario del abogado (Ley 1123 de 2007), esta dos normatividades unida al Decreto 1137 de 1971 y a la Ley 20 de 1972, señalan a modo de complemento algunas funciones que al ser indebidamente ejecutadas por el profesional del derecho entrarían a ser sancionadas disciplinariamente.


3.    Postura de Andrés Orión Álvarez

En la fundamentación de los argumentos que sustenta Orión Álvarez, en su obra  La Responsabilidad Civil del Abogado y su aseguramiento, muestra una dinámica de las sanciones basada en el incumplimiento de la relación abogado-cliente. Es decir, que en el momento de incumplirse el contrato de mandato se disparan las clausulas de aplicación de las sanciones por indebida representación generando una ruptura de la tesis del interés que une al jurista con su cliente o criterio de contraprestación por los servicios contratados.

La tesis de la responsabilidad civil por la violación a las clausulas contractuales, está sustentada en la idea de relación entre las partes. Esta relación, emerge del vinculo contractual sustentado en el artículo 1602 del Código Civil en la que pone al contratante  (cliente) prestador (profesional) contratado bajo la máxima de que “todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes. Esta ley de las partes está sustentada en una condición de reciprocidad en lo que respecta a los deberes y obligaciones, a los derechos y a los deberes. De este modo el mandato incursiona más allá de una simple relación de estudiar el caso concreto y de llevar o no el proceso. Sobre este planteamiento se refiere (Hinestrosa, F. Prólogo a la obra El Daño (...) obra citada por autor: HENAO (1998), en el sentido que como relación contractual debe analizarse desde la teoría de las fuentes de las obligacionales. Este sentido obligacional, no es otra cosa que una línea de intervencionismo estatal en las relaciones entre particulares y su actuación ante el estado desde el accionar profesional del abogado.

Dicho de otro modo, el actuar del jurista desde el punto de vista de la relación individual o colectiva, introduce al abogado y al cliente, en un campo de actuación (litigio) sujeto a la ley y en ella, se determina la responsabilidad, y esta responsabilidad ha de ser por la conducta omisiva o por el indebido  ejercicio y realización de sus funciones, esto no excluye la extralimitación de sus funciones sustentadas en el contrato de mandato. (Véase diferencia entre poder especial y poder general).


4.    Postura de Álvarez López

Con esta postura, se estudia si en esta aportación existe o no una consagración expresa en la ley que defina la naturaleza jurídica de la relación abogado-cliente. Con lo cual es preciso señalar que las normas generales y/o especiales han de hacerse valer como expresiones de cumplimiento y hacerse ver como orientativas en toda relación jurídico-contractual.

Al resaltarse la posibilidad de que en todo contrato, y en especifico en el contrato de prestación de servicios profesionales de naturaleza jurídica, hay que decir que su tipología contractual, está sustentada en una gestión de negocios o asuntos ajenos, mediante la cual es regulada por el contrato de mandato (2000, pp. 27, 30).

De modo que el contrato de servicios jurídicos se consolido con la madurez de los demás contratos civiles y mercantiles como lo desarrollara el profesor Bonivento Fernández, y en el caso del contrato de servicios profesionales ingresa por via de la tesis de adecuación de los contratos civiles a la norma especial o Código Disciplinario del abogado (norma especial arts. 19, 28.9, 28.10, L. 1123) ( (2000, p. 27)  en la que se plasmara todo lo que se extrae de la connotación contractual del contrato de prestación de servicios y otros (normas generales).
   
A esta postura se unen otras como la de Lucas Fernández (1986) y en Sierra Rodríguez (1999), que indican que el Abogado tiene una cualidad especial pero general a la vez desde el punto de vista de los contratos y está obligado a dar cumplimiento en sus relaciones contractuales al imperio de la Ley, es decir a responder por los daños sustentado en el tipo disciplinario o  norma disciplinaria en lo que respecta como se anotó arriba a la culpa o a la negligencia, culpa, negligencia o falta de profesionalidad o de pericia en el tratamiento del caso o de  determinado pleito, ocasionare un daño o detrimento a su cliente.


5.    Postura jurisprudencial.
  
En esta postura es posible citar un número considerado de sentencias no solo del Tribunal Constitucional sino también del Consejo Superior de la Judicatura; pero, lo que interesa no es la cantidad de sentencias sino la referencia de aplicación obligatoria de lo fallado por las cortes judiciales en lo que respecta a las obligaciones contratadas.

El precedente judicial es una función  sustentada en la norma constitucional como parte del intervencionismo estatal en las relaciones entre el estado y los particulares como quiera que entre estos y los otros, surjan problemas de índole relacional. Es así, como la función judicial se concreta en un ámbito obligacional y de colaboración a la vez con quien está soportando un daño.

Sobre la idea de colaboración la Sentencia T-952 del 2006 muestra que es de la mano con las autoridades que se da la “conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia” en el mismo sentido la Sentencia T-969 del 2009, resalta esta función en la que se protege el interés de las partes, es decir, que  con la jurisprudencia se logra “la consecución de un orden justo y la consecución de una convivencia pacífica, [el ejercicio de la profesión de abogado] resulta ser el medio para la resolución adecuada de los conflictos por medio del Derecho” .

Esto permite afirmar que el precedente judicial es una síntesis de un problema jurídico concreto que nace de una violación a un contrato particular y que exige imponiendo sanciones para lograr “dar ejemplo de idoneidad, eficiencia y moralidad en el desempeño de sus actividades y estar comprometidos en los ideales y el valor de la justicia”. (Sobre el contrato de mandato y sus obligaciones amplíese en la Sentencia C-1178 de 2001).      En otras palabras, en la postura del precedente judicial se concreta la sanción a la acción u omisión del jurista que con sus actos contrarios al mandato perjudicó de forma manifiesta los intereses que le fueron encomendados. 

Los siguientes son algunos de los aspectos que deben de tenerse en cuenta como realidades jurídicas que trasgreden la tesis del interés que se sustentan en una relación contractual y que son sancionados en el precedente judicial: La violación del deber de información al cliente; No informar sobre la existencia de una vía procesal para formular una pretensión o para cualquier otro acto; No informar sobre la marcha de un proceso; No informar al cliente sobre la inviabilidad de una demanda; No entregar al cliente la documentación del proceso; No comunicar en debido tiempo al cliente la necesidad de consignar o avalar ante el Juzgado la cantidad objeto de la condena; Dar lugar a que la acción del cliente prescriba o caduque; Dar lugar a que el recurso del cliente caduque; Actuaciones procesales incorrectas en cuanto al fondo; Actuación negligente en funciones de “gestión” o de “representación” asumidas por el abogado; Culpa del abogado por pérdida de documentos del cliente; Culpa del abogado en actos de asesoramiento. Todas las anteriores actuaciones son las que ponen en riesgo el contrato de prestación de servicios profesionales y que a la luz de la Teoría de las pruebas como lo resaltara Parra Quijano o Echandia en sus tratados de pruebas.

Valorados los anteriores criterios, y para ser estos sancionados como Errores de representación, ha de instalarse el respectivo proceso judicial disciplinario o de responsabilidad civil contractual, a fin de hacer valer las obligaciones del Abogado y los derechos del cliente. De esta manera, los errores de representación son todas aquellas faltas cometidas por el jurista individual o corporados (firma de abogados) del Derecho que derivan del  actuar indebido o por fuera de las obligaciones derivadas del contrato de mandato y de su profesión como abogado llamado a cumplir la ley.


6.      Relación entre derechos e interés

A continuación se tratara de abordar conforme a las obligaciones que emergen de los contratos y que surgen de los derechos el interés del cliente en que sus derechos sean defendidos y la contraprestación que recibe el jurista por tal función profesional.  

6.1. Planteamientos en la relación entre derechos e interés en el cumplimiento de las obligaciones.
La relación contraprestación debe de ser uniforma entre el profesional y el cliente en lo que respecta a las obligaciones y deberes de cada parte obligada en el contrato. Es así como los derechos que están involucrados en el contrato sean estos tangibles o intangibles han de ser sujeto de protección y de regulación por la ley. Esta relación hace referencia a:

a)    En cuanto al titular de los derechos, esta la posibilidad de renunciar o no a ellos y es obligación del jurista instruirle en ello.

b)    Que cada una de las instancias sean procesales o administrativas preponderan a la protección de los derechos y para lo cual existen acciones concretas y que lo que debe hacerse es probar la violación de los derechos y suministrar la información que permitirá dicha demostración a fin de que se protejan por vía del precedente o del acto administrativo los daños realizados.

c)    Que en la relación de los derechos y el interés inmerso en los contratos es preciso evaluar la posibilidad de incluir a terceros responsables que puedan significar un detrimento.

d)    Que para el titular del derecho (cliente) es importante el estado del proceso, y para el profesional es importante hacer los informes de gestión y recibir en forma progresiva dependiendo lo contratado el interés económico que sustenta la contraprestación.

e)    Que la valoración del caso concreto deba hacerse antes de iniciarse las acciones sean estas legales o administrativas para evitar desgastes de la administración de justicia.

f)     Que la relación entre jurista y cliente debe estar sustentada en la confianza y la confidencialidad que permitan un pleno ejercicio y actuar de lo establecido en el contrato.



7.    A manera de algunas Conclusiones

De los anteriores fundamentos podríamos presentar algunas ideas para pasar a un marco breve de conclusiones:

-       Las relaciones jurídico contractuales de servicios profesionales están generalmente reducidas a una relación de dos esto es cliente y abogado.

-       Que toda relación jurídico-contractual tiene inmersa una pretensión, una obligación y un marco jurídico que las vigila.

-       Que la actuación del abogado debe estar regida por los buenos oficios, la idoneidad, el deber de cuidado, la debida diligencia, la confidencialidad.

-       Que la noción de derechos intersubjetivos es lo que ha permitido que se logre una regulación de las relaciones contractuales.


-       Que la exigencia de los derechos y de las obligaciones por via de los contenidos normativos es lo que ha hecho que las relaciones contractuales estén supervisadas por el estado haciendo que las partes en ellos, vinculada, estén permanentemente protegidas.

-       Que la responsabilidad civil del abogado se enfoca a la  relación con el cliente, cuando se da  una indebida representación u omisión del abogado, situación regulada por el Decreto ley 196 de 1971, y el Código Disciplinario del abogado Ley 1123 de 2007.

-       Que con el paso de años las reclamaciones por indebida representación  se han incrementado  ya que la complejidad y especialidad que ésta requiere exige una mayor preparación para llegar a ejercer, lo cual ha ocasionado preocupación en el medio laboral, por lo que se debe implementar  la promoción de mecanismos de prevención y gestión para quien no cumpla o adopte la conducta adecuada, en el  ejercicio de su profesión.

-       Que El estudioso del derecho requiere emplear sus conocimientos de manera diligente , de tal manera que permitan el beneficio y protección de los derechos de quien lo busca, a través de la relación  contractual que se genera entre abogado y cliente, en  un contrato de prestación de servicios que es definido el (artículo 1544 del Código Civil) con la relación personal «intuitu personae» que imparte un deber de cumplir y un deber de fidelidad que deriva de la norma general estipulada en artículo 1258 del Código Civil.

-       Que la ley le impone al profesional el deber de ejecución óptima del servicio contratado, que presupone la adecuada preparación profesional y por ende el ejercicio correcto de la misma, así mismo queda establecida la noción que si no se realiza correctamente se entenderá como un incumplimiento total o defectuoso de la obligación que ha contraído el estudioso del derecho.

-       Que las acciones indebidas del abogado lo incluirá en una responsabilidad por las conductas inadecuadas en su profesión.

-       Que en Colombia hay crecimiento en el  oficio del abogado, irradiado por la condición liberal en las que impera el aporte intelectual, el conocimiento y la técnica  en  áreas como la medicina, la arquitectura, la contaduría, el derecho entre otras. El profesional del derecho, no solo requiere su aplicación intelectual, si no de trabajo manual o técnica jurídica que facilita, la interacción con la realidad jurídica; Además de la formación humana, para ser el  titular de derecho y de obligaciones.

Bibliografía



-       Constitución Política.

-       Decreto ley 196 de 1971.

-       Decreto 1137 de 1971

-       Ley 20 de 1972.

-       Ley 1123 de 2007.

-       Sentencias: T-952 de 2006 ; T-969 de 2009 ; C-1178 de 2001


     

lunes, 7 de septiembre de 2015

Reglamentación del Derecho humano, constitucional y fundamental a la petición

“La fuerza de un derecho no debería ser medida por la existencia de una norma jurídica, sino por la existencia del ser humano y su reconocimiento como portador derechos humanos fundamentales” C.A.

LEY 1755 DE 2015
(junio 30)
Diario Oficial No. 49.559 de 30 de junio de 2015
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Corte Constitucional
- La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-951-14 de 4 de diciembre de 2014, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectuó la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 Cámara y declaró EXEQUIBLE el proyecto de ley, por haber sido expedido conforme al procedimiento constitucional.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Sustitúyase el Título II, Derecho de Petición, Capítulo I, Derecho de Petición ante las autoridades-Reglas Generales, Capítulo II Derecho de petición ante autoridades-Reglas Especiales y Capítulo III Derecho de Petición ante organizaciones e instituciones privadas, artículos 13 a 33, de la Parte Primera de la Ley 1437 de 2011, por el siguiente:
TÍTULO II
DERECHO PETICIÓN
CAPÍTULO I
Derecho de petición ante autoridades reglas generales
Artículo 13Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades.  Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación.
Corte Constitucional
- Artículo declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, 'siempre y cuando no excluya la posibilidad de que los menores de edad presenten directamente peticiones dirigidas a otras entidades para el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales', y salvo los apartes de texto original del proyecto que declaró INEXEQUIBLES,  por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-951-14 de 4 de diciembre de 2014, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez, quien de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectuó la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 Cámara.
Texto original del Proyecto de Ley  61/12 Senado, 227/13 Cámara:
ARTÍCULO 13. Objeto y Modalidades del Derecho de Petición ante Autoridades.  Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este Código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación.
Artículo 14Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.
Corte Constitucional
- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-951-14 de 4 de diciembre de 2014, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez, quien de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectuó la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 Cámara.
Artículo 15Presentación y radicación de peticiones. Las peticiones podrán presentarse verbalmente y deberá quedar constancia de la misma, o por escrito, y a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Los recursos se presentarán conforme a las normas especiales de este código.
Cuando una petición no se acompañe de los documentos e informaciones requeridos por la ley, en el acto de recibo la autoridad deberá indicar al peticionario los que falten.
Si este insiste en que se radique, así se hará dejando constancia de los requisitos o documentos faltantes. Si quien presenta una petición verbal pide constancia de haberla presentado, el funcionario la expedirá en forma sucinta.
Las autoridades podrán exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito, y pondrán a disposición de los interesados, sin costo, a menos que una ley expresamente señale lo contrario, formularios y otros instrumentos estandarizados para facilitar su diligenciamiento. En todo caso, los peticionarios no quedarán impedidos para aportar o formular con su petición argumentos, pruebas o documentos adicionales que los formularios no contemplen, sin que por su utilización las autoridades queden relevadas del deber de resolver sobre todos los aspectos y pruebas que les sean planteados o presentados más allá del contenido de dichos formularios.
A la petición escrita se podrá acompañar una copia que, recibida por el funcionario respectivo con anotación de la fecha y hora de su presentación, y del número y clase de los documentos anexos, tendrá el mismo valor legal del original y se devolverá al interesado a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Esta autenticación no causará costo alguno al peticionario.
PARÁGRAFO 1o. En caso de que la petición sea enviada a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos, esta tendrá como datos de fecha y hora de radicación, así como el número y clase de documentos recibidos, los registrados en el medio por el cual se han recibido los documentos.
PARÁGRAFO 2o. Ninguna autoridad podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y peticiones respetuosas.
PARÁGRAFO 3o. Cuando la petición se presente verbalmente ella deberá efectuarse en la oficina o dependencia que cada entidad defina para ese efecto. El Gobierno Nacional reglamentará la materia en un plazo no mayor a noventa (90) días, a partir de la promulgación de la presente ley.
Corte Constitucional
- Artículo declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, 'bajo el entendido que la exigencia de que las peticiones sean presentadas por escrito, deberá ser motivada por la autoridad correspondiente mediante acto administrativo de carácter general', y salvo los apartes de texto original del inciso 1o. y del parágrafo 3o. del proyecto declarados INEXEQUIBLES,  por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-951-14de 4 de diciembre de 2014, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez, quien de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectuó la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 Cámara.
Texto original del Proyecto de Ley  61/12 Senado, 227/13 Cámara:
ARTÍCULO 15. Presentación y radicación de peticiones.  Las peticiones podrán presentarse verbalmente ante el funcionario competente y deberá quedar constancia de la misma, o por escrito, y a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Los recursos se presentarán conforme a las normas especiales de este Código.
(...)
PARÁGRAFO 3o. Cuando la petición se presente verbalmente ella deberá efectuarse en la oficina o dependencia que cada entidad defina para ese efecto, o ante el servidor público competente. El Gobierno Nacional reglamentará la materia en un plazo no mayor a noventa (90) días, a partir de la promulgación de la presente Ley.
Artículo 16Contenido de las peticiones. Toda petición deberá contener, por lo menos:
1. La designación de la autoridad a la que se dirige.
2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica.
Corte Constitucional
- Numeral declarado EXEQUIBLE, 'siempre y cuando se entienda sin perjuicio de que las peticiones de carácter anónimo deban ser admitidas para trámite y resolución de fondo, cuando exista una justificación seria y creíble del peticionario para mantener la reserva de su identidad',   por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-951-14 de 4 de diciembre de 2014, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez, quien de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectuó la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 Cámara.
3. El objeto de la petición.
4. Las razones en las que fundamenta su petición.
5. La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite.
6. La firma del peticionario cuando fuere el caso.
PARÁGRAFO 1o. La autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición, y en ningún caso la estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico vigente, que no sean necesarios para resolverla o que se encuentren dentro de sus archivos.
PARÁGRAFO 2o. En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación inadecuada o incompleta.
Corte Constitucional
- Artículo declarado EXEQUIBLE, 'siempre y cuando el numeral 2º se entienda sin perjuicio de que las peticiones de carácter anónimo deban ser admitidas para trámite y resolución de fondo, cuando exista una justificación seria y creíble del peticionario para mantener la reserva de su identidad',   por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-951-14 de 4 de diciembre de 2014, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez, quien de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectuó la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 Cámara.
Artículo 17Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes.
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición.
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual.
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.
Corte Constitucional
- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-951-14 de 4 de diciembre de 2014, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez, quien de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectuó la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 Cámara.
Artículo 18Desistimiento expreso de la petición. Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés público; en tal caso expedirán resolución motivada.
Corte Constitucional
- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-951-14 de 4 de diciembre de 2014, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez, quien de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectuó la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 Cámara.
Artículo 19Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. Toda petición debe ser respetuosa so pena de rechazo. Solo cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la petición esta se devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de los diez (10) días siguientes. En caso de no corregirse o aclararse, se archivará la petición. En ningún caso se devolverán peticiones que se consideren inadecuadas o incompletas.
Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles, o de peticiones que se hubieren negado por no acreditar requisitos, siempre que en la nueva petición se subsane.
Corte Constitucional
- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-951-14 de 4 de diciembre de 2014, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez, quien de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectuó la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 Cámara.
Artículo 20Atención prioritaria de peticiones. Las autoridades darán atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable al peticionario, quien deberá probar sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo del perjuicio invocado.
Cuando por razones de salud o de seguridad personal esté en peligro inminente la vida o la integridad del destinatario de la medida solicitada, la autoridad adoptará de inmediato las medidas de urgencia necesarias para conjurar dicho peligro, sin perjuicio del trámite que deba darse a la petición. Si la petición la realiza un periodista, para el ejercicio de su actividad, se tramitará preferencialmente.
Corte Constitucional
- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-951-14 de 4 de diciembre de 2014, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez, quien de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectuó la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 Cámara.
Artículo 21Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente.
Corte Constitucional
- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-951-14 de 4 de diciembre de 2014, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez, quien de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectuó la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 Cámara.
Artículo 22Organización para el trámite interno y decisión de las peticiones. Las autoridades reglamentarán la tramitación interna de las peticiones que les corresponda resolver, y la manera de atender las quejas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo.
Cuando más de diez (10) personas formulen peticiones análogas, de información, de interés general o de consulta, la Administración podrá dar una única respuesta que publicará en un diario de amplia circulación, la pondrá en su página web y entregará copias de la misma a quienes las soliciten.
Corte Constitucional
- Artículo declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, 'sin perjuicio de que deba enviarse la respuesta a todos los que hayan formulado la petición', por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-951-14de 4 de diciembre de 2014, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez, quien de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectuó la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 Cámara.
Artículo 23Deberes especiales de los personeros distritales y municipales y de los servidores de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Los servidores de la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, así como los personeros distritales y municipales, según la órbita de competencia, tienen el deber de prestar asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite, para garantizarle el ejercicio del derecho constitucional de petición. Si fuere necesario, deberán intervenir ante las autoridades competentes con el objeto de exigirles, en cada caso concreto, el cumplimiento de sus deberes legales. Así mismo recibirán, en sustitución de dichas autoridades, las peticiones, quejas, reclamos o recursos que aquellas se hubieren abstenido de recibir, y se cerciorarán de su debida tramitación.
Corte Constitucional
- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-951-14 de 4 de diciembre de 2014, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez, quien de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectuó la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 Cámara.
CAPÍTULO II
Derecho de petición ante autoridades
Reglas especiales
Artículo 24Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial:
1. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.
2. Las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas.
3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica.
4. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la nación, así como a los estudios técnicos de valoración de los activos de la nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación.
S. Los datos referentes a la información financiera y comercial, en los términos de la Ley Estatutaria 1266 de 2008.
6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos.
7. Los amparados por el secreto profesional.
8. Los datos genéticos humanos.
PARÁGRAFO.  Para efecto de la solicitud de información de carácter reservado, enunciada en los numerales 3, 5, 6 y 7 solo podrá ser solicitada por el titular de la información, por sus apoderados o por personas autorizadas con facultad expresa para acceder a esa información.
Corte Constitucional
- Artículo declarado EXEQUIBLE, salvo el parágrafo que se declara CONDICIONALMENTE exequible 'bajo el entendido de que los eventos allí previstos, también son aplicables para el numeral 8 referente a los datos genéticos humanos',  por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-951-14 de 4 de diciembre de 2014, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez, quien de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectuó la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 Cámara.
Artículo 25Rechazo de las peticiones de información por motivo de reserva. Toda decisión que rechace la petición de informaciones o documentos será motivada, indicará en forma precisa las disposiciones legales que impiden la entrega de información o documentos pertinentes y deberá notificarse al peticionario. Contra la decisión que rechace la petición de informaciones o documentos por motivos de reserva legal, no procede recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente.
La restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas del respectivo expediente o actuación que no estén cubiertas por ella.
Corte Constitucional
- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-951-14 de 4 de diciembre de 2014, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez, quien de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectuó la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 Cámara.
Artículo 26Insistencia del solicitante en caso de reserva.  Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada.
Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este término se interrumpirá en los siguientes casos:
1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la fecha en la cual las reciba oficialmente.
2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento disponga, asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no avocar conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado administrativo.
PARÁGRAFO. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en la diligencia de notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
Corte Constitucional
- Artículo declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, 'en el entendido de que en los municipios en los que no exista juez administrativo, se podrá instaurar este recurso ante cualquier juez del lugar', por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-951-14 de 4 de diciembre de 2014, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez, quien de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectuó la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 Cámara.
Artículo 27Inaplicabilidad de las excepciones. El carácter reservado de una información o de determinados documentos, no será oponible a las autoridades judiciales, legislativas, ni a las autoridades administrativas que siendo constitucional o legalmente competentes para ello, los soliciten para el debido ejercicio de sus funciones. Corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de las informaciones y documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo previsto en este artículo.
Corte Constitucional
- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-951-14 de 4 de diciembre de 2014, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez, quien de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectuó la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 Cámara.
Artículo 28Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución.
Corte Constitucional
- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-951-14 de 4 de diciembre de 2014, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez, quien de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectuó la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 Cámara.
Artículo 29Reproducción de documentos. En ningún caso el precio de las copias podrá exceder el valor de la reproducción. Los costos de la expedición de las copias correrán por cuenta del interesado en obtenerlas.
El valor de la reproducción no podrá ser superior al valor comercial de referencia en el mercado.
Corte Constitucional
- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-951-14 de 4 de diciembre de 2014, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez, quien de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectuó la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 Cámara.
Artículo 30Peticiones entre autoridades. Cuando una autoridad formule una petición de información o de documentos a otra, esta deberá resolverla en un término no mayor de diez (10) días. En los demás casos, resolverá las solicitudes dentro de los plazos previstos en el artículo 14.
Corte Constitucional
- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-951-14 de 4 de diciembre de 2014, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez, quien de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectuó la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 Cámara.
Artículo 31Falta disciplinaria. La falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de que trata esta Parte Primera del Código, constituirán falta para el servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario.
Corte Constitucional
- Artículo declarado EXEQUIBLE,  salvo el aparte del texto original del proyecto  declarado INEXEQUIBLE,  por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-951-14 de 4 de diciembre de 2014, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez, quien de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y241, numeral 8 de la Constitución, efectuó la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 Cámara.
Texto original del Proyecto de Ley  61/12 Senado, 227/13 Cámara:
ARTÍCULO 31. Falta disciplinaria.  La falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de que trata esta Parte Primera del Código, constituirán falta gravísima para el servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario..
CAPÍTULO III
Derecho de petición ante organizaciones e instituciones privadas
Artículo 32Derecho de petición ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes.
Salvo norma legal especial, el trámite y resolución de estas peticiones estarán sometidos a los principios y reglas establecidos en el Capítulo I de este título.
Corte Constitucional
- Aparte subrayado declarado CONDICIONALMENTE exequible 'bajo el entendido de que al derecho de petición ante organizaciones privadas se aplicarán, en lo pertinente, aquellas disposiciones del Capítulo I que sean compatibles con la naturaleza de las funciones que ejercen los particulares',  por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-951-14 de 4 de diciembre de 2014, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez, quien de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectuó la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 Cámara.
Las organizaciones privadas solo podrán invocar la reserva de la información solicitada en los casos expresamente establecidos en la Constitución Política y la ley.
Las peticiones ante las empresas o personas que administran archivos y bases de datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y las provenientes de terceros países se regirán por lo dispuesto en la Ley Estatutaria del Hábeas Data.
PARÁGRAFO 1o. Este derecho también podrá ejercerse ante personas naturales cuando frente a ellas el solicitante se encuentre en situaciones de indefensión, subordinación o la persona natural se encuentre ejerciendo una función o posición dominante frente al peticionario.
PARÁGRAFO 2o. Los personeros municipales y distritales y la Defensoría del Pueblo prestarán asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite, para garantizarle el ejercicio del derecho constitucional de petición que hubiere ejercido o desee ejercer ante organizaciones o instituciones privadas.
PARÁGRAFO 3o. Ninguna entidad privada podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y peticiones respetuosas, so pena de incurrir en sanciones y/o multas por parte de las autoridades competentes.
Corte Constitucional
- Artículo declarado EXEQUIBLE, salvo el aparte subrayado del inciso 2o. que se declara CONDICIONALMENTE exequible 'bajo el entendido de que al derecho de petición ante organizaciones privadas se aplicarán, en lo pertinente, aquellas disposiciones del Capítulo I que sean compatibles con la naturaleza de las funciones que ejercen los particulares',  por la Corte Constitucional, mediante SentenciaC-951-14 de 4 de diciembre de 2014, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez, quien de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectuó la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 Cámara.
Artículo 33Derecho de petición de los usuarios ante instituciones privadas. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, a las Cajas de Compensación Familiar, a las Instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, a las entidades que conforman el sistema financiero y bursátil y a aquellas empresas que prestan servicios públicos y servicios públicos domiciliarios, que se rijan por el derecho privado, se les aplicarán en sus relaciones con los usuarios, en lo pertinente, las disposiciones sobre derecho de petición previstas en los dos capítulos anteriores.
Corte Constitucional
- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-951-14 de 4 de diciembre de 2014, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez, quien de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectuó la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 Cámara.
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ARTÍCULO 2o. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.