CIDH expresa preocupación por
amenazas y detenciones de líderes y lideresas campesinos en el Bajo Aguán,
Honduras
29 de agosto
de 2014
Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) expresa preocupación por una serie de desalojos violentos que
habrían ocurrido en la zona del Bajo Aguán en el contexto del conflicto agrario
que existe en la región, así como por las amenazas y detenciones que habrían
sido perpetradas en contra de varios líderes y lideresas campesinos
beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión el 8 de mayo de
2014, presuntos hechos que habrían ocurrido desde el mes de mayo hasta la
fecha. La Comisión insta al Estado a investigar estos hechos de violencia y a
procesar y sancionar a los responsables. Adicionalmente, la CIDH urge al Estado
a adoptar en forma inmediata todas las medidas necesarias a fin de garantizar
el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las defensoras y
defensores de derechos humanos en el país.
Según información de público conocimiento, el 21 de mayo de
2014, miembros de la policía y del ejército, así como guardias de seguridad
privada habrían participado en el desalojo violento de las fincas La Trinidad y
El Despertar, en el municipio de Trujillo, Colón. Según la información
disponible, 300 familias afiliadas al Movimiento Auténtico Reivindicador
Campesino del Aguán (MARCA) habrían sido desalojadas. Presuntamente las fuerzas
de seguridad habrían utilizado bombas lacrimógenas y spray pimienta y habrían
realizado disparos al aire para amedrentar y desplazar a las familias que
habitaban las fincas desde el mes de julio de 2012. De esta operación
presuntamente habrían resultado heridos alrededor de 50 campesinos y 8 miembros
de las fuerzas de seguridad. Adicionalmente, 15 personas habrían sido detenidas
y presuntamente golpeadas, entre los detenidos se encontrarían Walter Cárcamo,
Jaime Cabrera y Antonio Rodríguez, beneficiarios de las medidas cautelares
otorgadas por la Comisión semanas antes del suceso. Presuntamente Jaime Cabrera
habría sido amenazado de muerte por miembros del ejército y de la policía,
quienes supuestamente le habrían colocado un fusil en la oreja izquierda.
Adicionalmente, de conformidad con información recibida por la
CIDH, el 3 de julio la Policía Nacional Preventiva, los miembros de la Fuerza
de Tarea Conjunta Xatruch III y el 15 batallón de Fuerzas Especiales habrían
llevado a cabo el desalojo de 350 familias del Movimiento Campesino Fundación
Gregorio Chávez (MCRCG) que se encontraban en la finca Paso Aguán desde el mes
de mayo del presente año. Las familias presuntamente fueron desalojadas de
forma violenta mediante el uso de gases lacrimógenos. Adicionalmente, varios de
los campesinos habrían resultado heridos y siete habrían resultado detenidos,
entre los que se encontrarían dos de los líderes campesinos beneficiarios de
las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
Por otro lado, según información recibida por la Comisión, el 30
y 31 de julio los defensores de derechos humanos Martha Arnold, Irma Lemus y
Rigoberto Durán, integrantes del Observatorio Permanente de Derechos Humanos
del Bajo Aguán, habrían sido perseguidos por dos vehículos color blanco.
Adicionalmente, el 19 de agosto el líder campesino Santos Torres, perteneciente
al Movimiento Campesino Gregorio Chávez y beneficiario de las medidas
cautelares otorgadas por la CIDH, habría sido amenazado por militares y
guardias de seguridad en su domicilio, quienes presuntamente lo habrían
apuntado a él y su esposa con armas de fuego. Presuntamente este mismo grupo de
militares y guardias de seguridad se habría presentado en el domicilio de
Glenda Chávez, integrante del Observatorio Permanente de Derechos Humanos de
Aguán y lideresa de este movimiento campesino.
En la zona del Bajo Aguán, existe un conflicto de tierras de
larga data entre campesinos y empresarios. Según una red de organizaciones
nacionales e internacionales que dan seguimiento a esta situación, 112
campesinos y campesinas habrían sido asesinados en los últimos cuatro años en
el contexto del conflicto agrario que aqueja a la región. La Comisión
Interamericana se ha manifestado en reiteradas ocasiones sobre la situación en
el Bajo Aguán, incluyendo en la sección sobre Honduras del Capítulo IV de sus Informes
Anuales 2012 y 2013. La CIDH observa que la situación continúa siendo altamente
preocupante.
En este contexto, el 8 de mayo de 2014, la CIDH otorgó medidas
cautelares a favor de 123 miembros de las organizaciones “Movimiento Campesino
Recuperación del Aguán” (MOCRA), “Movimiento Campesino Fundación Gregorio
Chávez” (MCRGC), Movimiento Unificado Campesino del Aguán” (MUCA) y “Movimiento
Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), solicitando al gobierno de
Honduras adoptar las medidas necesarias para garantizar su vida e integridad.
La CIDH recuerda que es obligación del Estado investigar de
oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables. Como ha
señalado la Comisión anteriormente, los actos de violencia y otros ataques contra
las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las
garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel
fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas
personas para quienes trabajan. La Comisión recuerda asimismo que la labor de
defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad
democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para
el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de
los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene
el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y
actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada
por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de
la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
María Isabel Rivero
Directora de prensa y comunicación de la CIDH
Tel. (1) 202 370 9001
mrivero@oas.org
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